El tirano venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, exige inmunidad ante la justicia federal de Nueva York argumentando su condición de “jefe de Estado”, en un intento por evitar un juicio que podría condenarlo a cadena perpetua por graves cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.
Según información judicial reciente, los abogados de Maduro preparan una moción para solicitar el sobreseimiento del caso basándose en la doctrina de inmunidad de jefe de Estado. El argumento se presentaría en las próximas semanas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), donde se le acusa, junto a su esposa Cilia Flores y otros, de liderar una conspiración para enviar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en alianza con grupos armados, incluyendo elementos de las FARC, y de delitos relacionados con armas.
El juez federal Alvin Hellerstein, fijó recientemente la fecha del juicio para junio de 2027. La defensa ha indicado que priorizará la pretensión de inmunidad soberana, ya que, de prosperar, Maduro no tendría que enfrentar el resto del proceso. Los cargos, actualizados en un acta de acusación de enero de 2026 que supersede una de 2020, incluyen conspiración de narcoterrorismo y de importación de cocaína, delitos que contemplan penas mínimas obligatorias y máximas de cadena perpetua.
El Gobierno de Estados Unidos sostiene que Maduro no es el legítimo jefe de Estado de Venezuela, sino un gobernante de facto ilegítimo que se mantuvo en el poder tras pérdidas electorales, por lo que no tendría derecho a esa protección. La discusión jurídica evoca el precedente del caso de Manuel Noriega en la década de 1990, aunque existen diferencias en el reconocimiento oficial y en el estatus del acusado.
